El modelo territorial de Autonomías, que se consolida en la Constitución española de 1978, tiene una clara repercusión en la evolución del gasto público en el conjunto del Estado.
Como consecuencia de esa descentralización, es evidente que, en términos porcentuales, la Administración Central gasta menos y las Comunidades Autónomas y las entidades locales gastan más. Así en 1984 los porcentajes eran 73%, 14% y 13%, para la Administración Central, autonómica y local, mientras que en 1997 eran 53%, 31% y 16% respectivamente para las mismas Administraciones
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