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El mapa actual de las Comunidades Autónomas y provincias refleja el proceso histórico de creación de estas unidades político-administrativas. En la actualidad prevalece un modelo de estado descentralizado, tal como aparece reflejado en la Constitución Española de 1978, que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas, así como la solidaridad entre todas ellas.

En otras etapas de nuestra Historia predominaron propuestas políticas formuladas desde el poder centralista, heredero del espíritu ilustrado y "revolucionario francés", y que se plasmaron, por ejemplo, en la división provincial de Javier de Burgos en 1833. El antecedente de las provincias lo encontramos en la división departamental francesa, y en las propuestas de la Asamblea de Bayona (junio de 1808), que dan lugar a los primeros estudios sobre la división provincial, con una división territorial en 38 prefecturas peninsulares. Otro hito significativo será el proceso legislativo del Trienio Liberal, donde se perfilan 52 provincias clasificadas en cuatro categorías. En todas estas propuestas se buscaba un equilibrio entre el territorio, la población, la renta y la representación política, con el objetivo de gobernar con igualdad y justicia a todos los ciudadanos, según declaraban los diputados en las Comisiones de las Cortes. Si establecemos una comparación en la actualidad entre la mayor y menor provincia, respecto a su superficie, y hacemos lo mismo con las Comunidades Autónomas mayor y menor, los resultados son más proporcionales en la división provincial que en la autonómica.

La organización administrativa actual intentó dar una respuesta de consenso a diferentes reivindicaciones históricas y territoriales, así como a la diversidad de situaciones de partida de cada ámbito territorial. Ello se observa cuando se analiza la distribución de la inversión pública, que reproduce casi proporcionalmente el peso de la población y de las reivindicaciones políticas de las Comunidades. El traspaso de competencias desde la administración central a las autonómicas ha dado lugar, en la práctica, a la configuración de un Estado con un alto grado de autonomía. La evolución de la distribución proporcional del gasto público revela la importancia creciente que tienen las Comunidades, y los entes locales, en el empleo de los recursos públicos.

La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas ha sido un proceso dilatado en el tiempo, que todavía no ha concluido. Un buen número de transferencias afectan a la financiación de servicios fundamentales para la población. Esos recursos económicos proceden de los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria, de las subvenciones del Estado a programas, de impuestos propios y de los fondos europeos. Su distribución provoca los lógicos contrastes entre unas Comunidades y otras que, dependiendo de la gestión que realice la administración, podrá o no dar lugar a desequilibrios.

Las demandas de las Comunidades Autónomas se canalizan a través de sus representantes políticos. El mapa del poder electoral (2005-2007) muestra los principales partidos políticos que componen los parlamentos autonómicos. En él se observa el peso que tienen, por un lado, los partidos de ámbito estatal y, por otro, los de ámbito nacionalista.

En la organización territorial y administrativa actual también perviven otras divisiones territoriales específicas como sucede, por ejemplo, con las divisiones comarcales en Galicia. Tanto en los Estatutos de Autonomía de cada Comunidad, como en otras normas legales de rango diferente (por ejemplo Leyes de Ordenación Territorial), aparecen delimitadas las distintas unidades que rigen el funcionamiento social sobre el territorio. En la escala local destaca sobre todo la división municipal. España cuenta con más de ocho mil municipios, pero más de la mitad tiene menos de mil habitantes y, si consideramos su extensión, éstos presentan notables contrastes como sucede, por ejemplo, entre los municipios de Andalucía y Extremadura (mucho más grandes) y los de la cornisa cantábrica. Estas disparidades, derivadas de la organización administrativa, generan desequilibrios territoriales y dificultan la gestión cotidiana (residuos, sanidad, educación), sobre todo en los municipios que se han ido despoblando.

España forma parte desde 1986 de la Unión Europea. ésta, para el desarrollo de su política regional, y con el objetivo de homogeneizar las divisiones administrativas de los distintos Estados, ha dividido el territorio comunitario en unidades semejantes en cuanto población, considerando diferentes escalas. En la más general, la delimitación en España de Unidades Nacionales Territoriales Estadísticas (acrónimos NUTS) integra simultáneamente divisiones provinciales y autonómicas, definiendo grandes áreas.

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