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Las condiciones generales de los cascos históricos de la mayoría de las ciudades españolas en las últimas décadas del siglo XX eran muy deficientes. Su degradación paulatina era resultado de la falta de inversiones, tanto de los propietarios de las viviendas como de las administraciones públicas. Muchos edificios se habían deteriorado con el tiempo. Además, por su antigüedad, carecían de instalaciones sanitarias, ascensores o gas. También se localizaban gran cantidad de infraviviendas: tenían pequeñas dimensiones en las buhardillas, no reunían condiciones de habitabilidad en sótanos o en zonas interiores, incluso se habían levantado poco más que chabolas en los patios. Esas características adversas habían provocado un paulatino alejamiento de las clases más acomodadas que fueron sustituidas por las de menores ingresos. También la población inmigrante encontrará en estas viviendas en alquiler su primer lugar de residencia.

Además, sin ningún respeto por el valor patrimonial del conjunto ni su cohesión o las necesidades de sus habitantes, en áreas puntuales se habían demolido algunos edificios para ser sustituidos por inmuebles de oficinas o de viviendas de lujo.

Muchos ayuntamientos, como el de Lleida, a finales de la década de los ochenta, establecen Planes especiales para la rehabilitación y mejora de los cascos. Bajo proyectos integrales, se pretenderá tanto la reforma de la edificación, como la creación de espacios públicos o el asentamiento de población joven y de actividades económicas e institucionales.