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En la construcción del espacio urbano intervienen diversos agentes, en muchas ocasiones con intereses contrapuestos:

• Los propietarios del suelo, que detentan el bien básico sobre el que debe crecer la ciudad. Algunas leyes han intentado limitar su capacidad de controlar el mercado inmobiliario, dando más poder a los promotores privados o públicos para poder tener la iniciativa urbanizadora (mediante la expropiación, por ejemplo).
• Los promotores inmobiliarios, concentrados en una sola figura que adquiere el suelo, urbaniza, levanta las edificaciones y vende las viviendas, oficinas o locales o divididos en cada una de estas especialidades. Pueden ser personas físicas, como sucedía habitualmente en la ciudad tradicional, o sociedades anónimas.
• Los usuarios, los compradores de viviendas, locales comerciales, oficinas o naves industriales. Sus intereses tampoco son homogéneos ya que, cada tipo de demanda, depende estrechamente de su capacidad adquisitiva y de negociación.
• Los poderes públicos, con capacidad para dirigir el crecimiento urbano, a través del planeamiento, y de organizar y vigilar la integridad y eficacia del proceso inmobiliario. Son además garantes del buen funcionamiento de toda la ciudad.
• La ciudadanía cuya voluntad y deseos debe canalizarse a través de asociaciones o partidos políticos para poder intervenir en los cauces establecidos de participación.

Del debate y la pugna entre los distintos intereses resulta el desarrollo urbano. En el caso ejemplificado, el proyecto sobre el río Guadalmedina, en Málaga, los intereses de todos los implicados están claros: los poderes públicos desean realizar una operación urbana espectacular que mejore la competitividad internacional de la ciudad y consagre su gobierno. El suelo que se liberaría con el soterramiento del cauce es una oportunidad para todos los operadores urbanos. La mayor seguridad en las márgenes y la posibilidad de construcción de viviendas protegidas, son atractivos para otros grupos.

Dilucidar si es o no necesaria esta obra, valorar las alternativas e intervenir en su diseño definitivo, es obligación de todos los ciudadanos de Málaga.