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De las algo más de 42 millones de hectáreas censadas por el último Censo Agrario disponible, de 1999, más de 13 millones, es decir, alrededor de un 30% de la superficie agraria es de titularidad pública. El Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones y otras instituciones públicas son pues propietarios de un gran volumen de tierras. En su mayoría se trata de grandes explotaciones de usos y aprovechamientos pecuarios y forestales, abundantes sobre todo en las regiones del norte de España, pero también en Canarias. Allí, numerosos ayuntamientos conservan desde antiguo extensos patrimonios rústicos en forma de montes y dehesas, herederos de repartimientos y concesiones medievales, que no fueron exceptuados de la desamortización civil de la segunda mitad del siglo XIX por estar cubiertas de pino, roble o haya.

Las comunidades de bienes, fórmula a la que se refiere mayoritariamente la categoría de "otra condición jurídica", son muy significativas sobre todo en el Norte de España. Se corresponden, en general, con montes de titularidad privada colectiva, ya sean montes de socios, proindivisos reales o simples sociedades de propietarios.

En las tierras del sur, por el contrario, predominan claramente las explotaciones y tierras de propiedad privada, en su mayoría de personas físicas, aunque tienen también una presencia significativa las sociedades mercantiles, mayoritariamente sociedades anónimas agrarias, en las áreas de más latifundistas, como Extremadura, Castilla-La Mancha y, sobre todo Andalucía.