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En España existen actualmente importantes desequilibrios territoriales que, entre otros aspectos, se explican por factores geográficos, la desigual distribución de recursos, la evolución histórica, las características del modelo económico y las decisiones políticas. Estos desequilibrios pueden ser de índole administrativa, económica y social, demográfica o relacionados con la sociedad del conocimiento. Por lo que respecta a los primeros, junto a razones históricas, hay que tener en cuenta el proceso de descentralización que, tras la aprobación de la Constitución de 1978, se produce en España con la creación del estado de las autonomías. El traspaso de competencias desde la administración central a las autonómicas está siendo un proceso largo que, a su vez, presenta diferencias notables según los territorios. A pesar de que la Constitución intenta reducir las desigualdades a través del principio de solidaridad, la realidad es que si se analizan diversos indicadores (económicos, sociales, demográficos) se constata la persistencia de desequilibrios.

En España existe una distribución desigual de los recursos económicos lo que, a su vez, genera desigualdades sociales. A partir de los años sesenta del siglo XX, y como consecuencia de la revolución urbano-industrial, se incrementaron las desigualdades entre las áreas urbanas y las rurales, así como entre las regiones industriales y turísticas frente a las agrícolas. Posteriormente, tras la crisis económica de los años setenta del pasado siglo, se produce un espectacular crecimiento del sector terciario y, con ello, una reorganización de los principales ejes económicos. En la actualidad, éstos se han trasladado desde la cornisa cantábrica hacia las regiones mediterráneas, mientras que Madrid sigue manteniendo su importancia económica. La distribución del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita refleja los desequilibrios económicos. Éstos se han acentuado entre las regiones que han experimentado un mayor crecimiento económico y las que han quedado al margen de este proceso. Entre las primeras se sitúan las que concentran actividades industriales -altamente productivas- con dotaciones de parques empresariales y tecnológicos, servicios especializados, o aquellas en las que se ha desarrollado la actividad turística; entre las segundas, lo hacen aquellas cuya economía no ha sido capaz de adaptarse a los cambios recientes. Aunque en los últimos decenios la evolución de la población activa muestra un incremento de las tasas de actividad y de empleo, y un descenso de la tasa de paro, este proceso ha sido desigual según las regiones, dependiendo de su actividad económica.

Otro indicador que pone de manifiesto los desequilibrios económicos y sociales en España es la renta disponible de los hogares por habitante. Ésta permite aproximarnos a las condiciones de vida de la población, y establecer comparaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas. En paralelo, la tasa de riesgo de pobreza realza estas desigualdades, pues es más alta en las regiones económicamente más deprimidas, o en aquéllas donde la distribución de la riqueza es más desigual. Finalmente, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ofrece una visión de conjunto y permite conocer mejor el grado de bienestar de los habitantes de cada Comunidad Autónoma. En 2000 tan sólo ocho Comunidades Autónomas presentan un valor de este índice por encima de la media española, lo que pone de manifiesto los desequilibrios existentes.

En España existen también notables desequilibrios demográficos. Si se analiza la densidad de la población a escala autonómica, los mayores contrastes se producen entre Madrid y las Comunidades situadas en el entorno del Mediterráneo, por un lado, y las del interior, por otro. Por su parte, el mapa de la densidad provincial del año 2006 matiza mejor algunos de los contrastes demográficos actuales. El mapa de densidades municipales muestra que la población, como si se tratara de manchas de aceite, se distribuye en el territorio a partir de las principales ciudades y siguiendo las vías de comunicación. A su vez, las diferencias demográficas entre los municipios son notables, pues el 96,6% de la población española se concentra en tan sólo el 39,7% de los municipios, lo que indica que dos de cada tres municipios están casi despoblados. También los movimientos migratorios han incrementado, en algunos casos, las disparidades demográficas. Los recién llegados se asientan básicamente en los lugares con una economía más dinámica, puesto que en esas zonas suele ser más fácil encontrar un puesto de trabajo. El impacto de los inmigrantes en la demografía es importante: aumenta el total de efectivos, hay más demanda sanitaria y educativa, se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social, existe mayor diversidad cultural, pero también se suscitan problemas de integración social y pueden aparecer brotes de xenofobia. España tiene actualmente un importante reto: desarrollar una sociedad intercultural.

La difusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) está cambiando sustancialmente los modos de vida. Pero su aplicación desigual ha incrementado en España los contrastes territoriales, al tiempo que ha generado nuevos desequilibrios vinculados, en este caso, a la sociedad del conocimiento. La importancia de este fenómeno, relativamente reciente, se observa en las estadísticas del equipamiento de nuevas tecnologías en los hogares españoles. En el año 2005, al menos la mitad de las viviendas españolas ya poseen un ordenador, y se acercan al mismo porcentaje las que disponen de conexión a Internet. Los mayores porcentajes de hogares con acceso a la red se localizan, sobre todo, en el cuadrante nororiental de la Península Ibérica y Baleares, por tanto, en relación directa con los niveles económicos y culturales de la población. El elevado fracaso escolar, unido a la escasa incidencia de la formación continua, sobre todo si se compara con otros países de nuestro entorno, indican que un porcentaje importante de personas en España están en riesgo de quedar al margen de la sociedad de la información. Otro indicador esencial para la sociedad del conocimiento es el nivel de inversiones de un país en investigación y desarrollo (I+D). Si en España se analiza lo que representan los gastos totales en I+D, sobre el PIB, se constata la existencia de importantes desequilibrios entre las diferentes Comunidades Autónomas.

La política regional de la Unión Europea intenta, a través de los Fondos Estructurales, reducir los desequilibrios territoriales, tanto entre los estados miembros como en el interior de cada uno de ellos. En España se empiezan a notar sus efectos, pues en los últimos años estas diferencias interregionales comienzan a reducirse. A ello también ha contribuido un conjunto de medidas adoptadas por el estado español como, por ejemplo, los programas de desarrollo regional, los proyectos de desarrollo local, la creación del fondo de compensación interterritorial (FCI), etc.